enero 2011

El presidente Juan Manuel Santos apenas pudo disfrutar su estadía en Davos, Suiza, la sede permanente del Foro Económico Mundial. Temeroso, supongo, de ser percibido como un mandatario distante, dedicado a la especulación geopolítica (uno de los pasatiempos favoritos de los mandamases de esta parte el mundo), decidió anticipar su regreso a Colombia y viajar directamente a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander donde, a mitad de semana, más de 20 personas murieron trágicamente en una explosión (otra más) de una mina de carbón. “He decidido anticipar mi regreso. Voy a terminar unas citas de trabajo hoy en Davos y mañana voy a regresar al país para acompañar a las familias de las víctimas”, explicó el presidente Santos el día miércoles.

El gesto político del presidente es interesante. Y previsible. Más vale una foto con las familias de los mineros muertos que otra distinta, más glamurosa con los dueños del mundo, con los habituales de Davos: Clinton, Bono, Gates y demás. Pero más allá de los motivos presidenciales, el hecho cierto, la triste verdad de esta y otras tragedias similares es que la “locomotora” minera (las otras no arrancan todavía) parece estar fuera de control, ha venido operando, por muchos años ya, en un vacío institucional. En seis meses, el gobierno no ha hecho nada para remediar este problema. Las presentaciones del plan de desarrollo, repetidas muchas veces, simplemente señalan la necesidad de “fortalecer el marco institucional del sector minero” y “desarrollar estrategias para formalizar la minería”. Por ahora solo hay enunciados generales. Y gestos de buena voluntad.

El regreso prematuro de Santos, la contratación del juez español Baltasar Garzón, el reajuste del salario mínimo, para mencionar sólo algunos ejemplos recientes, no pretenden resolver los problemas del sector minero, la justicia o el mercado de trabajo; son gestos convenientes, trucos publicitarios si se quiere. Todos los políticos recurren a esta suerte de demagogia. Pero la alta popularidad de algunos mandatarios y ex mandatarios latinoamericanos parece estar agravando el problema, exacerbando la superficialidad democrática. Hemos caído, por llamarlo de alguna forma, en el síndrome del 70%. Cualquier porcentaje de aceptación inferior es considerado preocupante, prende las alarmas de los asesores. La medianía estadística se ha convertido en una preocupación preponderante. El narcisismo presidencial está desbordado. En su primer encuentro con el entonces presidente Lula, Santos mencionó (no pudo evitarlo) que mientras su porcentaje de aceptación había llegado al 90%, el de Lula apenas superaba el 85%.

Un porcentaje de aceptación o aprobación de 70% o más puede ser un síntoma preocupante, una manifestación inmediata de cierta complacencia, encantamiento o suspensión de la incredulidad. Puede incluso llamar la atención sobre una enfermedad mayor: la coexistencia de un público complaciente y un gobierno superficial, adepto a los gestos dramáticos. Por el contrario, un porcentaje de aceptación cercano a 50% revela un escepticismo saludable, un grado conveniente de polarización. Yo prefiero incluso la paradoja de Perú, donde el progreso socioeconómico coincide con la impopularidad presidencial, a una paradoja opuesta, casi trágica, en la cual, para usar un giro conocido, “el presidente va bien pero el país va mal”.

Llevado por una irresistible curiosidad por las tragedias ajenas, leí esta semana la noticia sobre Juliana Sosa, la modelo colombiana capturada en compañía de un mafioso mexicano. Leí también los insultos de cientos de foristas indignados ante «una mujer sin principios», «dispuesta a venderse al mejor postor», sea el que sea. Mientras repasaba la indignación soez de los lectores, recordé una historia inquietante relatada por el filósofo francés Bernard-Henry Lévy en uno de sus últimos libros. Voy a contarla nuevamente en clave colombiana. Pero, aclaro, no se trata de una historia doméstica sino de una fábula universal, antropológica podríamos decir.

Manuel vivió los primeros años de su vida en un pueblo como tantos otros, común y corriente, venido a menos, arruinado por los giros impredecibles de la economía. Abandonó el pueblo antes de cumplir veinte años. Hizo una gran fortuna y regresó muchos años más tarde, convertido ya en un potentado. Inicialmente nadie lo reconoció. Ninguno de los habitantes del pueblo concebía, podía imaginar siquiera, que aquel joven humilde, un simple ayudante de tienda, fuera ahora el dueño de una fortuna magnífica, casi inverosímil.

Pero pasadas algunas semanas, Manuel reveló su identidad: “recuerdan un joven modesto que abandonó este pueblo hace ya muchos años, humillado, expulsado como un perro pues supuestamente le había robado unos cuantos pesos al señor Alfredo, al dueño de la tienda; pues bien, ese soy yo, Manuel”. “Este pueblo está desahuciado, no tiene futuro. Les ofrezco varios miles de millones de pesos para repartir entre todos sus habitantes. Sólo pido una cosa a cambio: la cabeza de Alfredo, el culpable de mi destierro, el causante de la más grande humillación de mi vida”.

Los habitantes del pueblo reaccionaron indignados ante la propuesta de Manuel. “Se trata de una chantaje inaceptable”, dijeron en coro. “Nosotros somos gente decente”, repitieron con firmeza. Pero, días más tarde, el pueblo comenzó a cambiar. Los muchachos estrenaron tenis nuevos, de varios pisos. Las mujeres cambiaron sus vestidos tradicionales por otros más ostentosos, de telas delgadas. El jefe de la policía, a quien Alfredo visitó alarmado ante las miradas recelosas de sus paisanos, exhibía ahora un nuevo diente de oro. El párroco pudo al fin arreglar la fachada de la sacristía. Hubo televisores y equipos de sonido para todo el mundo. En fin, el pueblo, en conjunto, entero, comenzó a venderse. Poco a poco.

“Manuel tiene razón. Alfredo se portó como un patán. Además, es un tipo egoísta, amarrete. Nadie entiende por qué no se va de una vez por todas y permite que llegue la prosperidad al pueblo que dice querer tanto”, dijo uno de los jóvenes de tenis nuevos en un arranque de sinceridad. Pocos días después, Alfredo apareció asesinado en un rincón de su tienda de abarrotes. Desde entonces el pueblo ha vuelto a ser un lugar prospero. Manuel, el artífice de los cambios, es querido y admirado al mismo tiempo, una cosa se ha vuelto indistinguible de la otra.

Volviendo al comienzo, a la realidad de este mundo, no quisiera defender a Juliana Sosa. Pero su historia me parece tan ordinaria. Representa no tanto una perversidad individual o cultural como una inclinación antropológica. La humanidad, ya lo sabemos, no es una especie moralmente muy admirable. Parece siempre dispuesta a venderse. Y a matar. Por cualquier cosa.

La inflación puso fin al letargo noticioso del inicio de año. El aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) sorprendió al gobierno, a los gremios y a los analistas. Nadie tenía en sus cálculos una cifra de inflación superior a 3% para el año 2010. Pero, contra todos los pronósticos, la inflación terminó en 3,17%, empujada por un aumento abrupto en el precio de los alimentos. En solo el mes de diciembre el precio de la comida creció 1,65%. 2011 podría ser otro año (uno más) de comida cara.

El precio de los alimentos está aumentando en todo el mundo. El índice de precios de productos básicos agrícolas, calculado por la FAO, una agencia de las Naciones Unidas, alcanzó un pico histórico en diciembre de 2010. “La situación es alarmante. El mundo enfrenta un nuevo choque en el precio de los alimentos. Si se prolonga algunos meses, podría convertirse en una crisis” dijo esta semana un vocero de la misma organización. Las sequías en Brasil y Argentina, las inundaciones en Pakistán y Australia, y en general la severidad del fenómeno climático de La Niña han llevado a un rápido aumento en el precio de los alimentos en los mercados globales. “Los altos precios han resurgido como una amenaza al crecimiento y la estabilidad social” escribió el martes el Presidente del Banco Mundial. La cosa es en serio.

Algunos analistas temen una repetición de los disturbios de los años 2007 y 2008, protagonizados por masas hambrientas en más de treinta países. Otros plantean un escenario más preocupante: una repetición de la crisis alimentaria de mediados de los años setenta, con todo y sus desastrosas repercusiones sociales. En Colombia, como lo señalan las investigaciones pioneras de Adolfo Meisel, los nacidos en la primera mitad de los años setenta, en medio de la crisis alimentaria, miden en promedio casi un centímetro menos que los nacidos algunos años antes o después. La crisis en ciernes podría tener consecuencias desastrosas. Y permanentes.

La discusión doméstica se ha centrado en un asunto específico, casi secundario: el incremento en el salario mínimo en un contexto de inflación creciente. Como corresponde a nuestra tradición santanderista, la discusión se ha planteado en términos jurídicos, ha girado en torno a la constitucionalidad del incremento en el salario mínimo decretado por el gobierno a finales del año anterior. Pero el tema, sobra decirlo, va mucho más allá. El reajuste del salario mínimo, anunciado el viernes por el Presidente Santos, es poco más que un paliativo populista, nada contribuirá a mitigar la disminución de los ingresos reales de los trabajadores informales y por ende a aliviar el predecible aumento en la indigencia y la pobreza.

Si el gobierno fuera serio en sus intenciones, debería estar discutiendo, simultáneamente al reajuste del salario mínimo, un aumento de los subsidios monetarios de Familias en Acción, una disminución de los aranceles agrícolas y una expansión de los programas de nutrición. El aumento en el precio de los alimentos afecta a decenas de millones de personas y podría tener, ya lo vimos, efectos permanentes. Por desgracia la única respuesta del gobierno ha sido, al menos hasta ahora, una propuesta irrelevante, simbólica. En últimas, las medidas simbólicas son eso, gestos que buscan efectos políticos, no consecuencias reales.