“Con el mismo ímpetu, con el mismo compromiso de los primeros cien días, queremos terminar los últimos cien días”, dijo el presidente Uribe esta semana. Y a fe que lo están haciendo. En las últimas semanas el Gobierno ha dado muestras de un frenesí extraño, inusual, como si quisiera alargar el período presidencial por cuenta de una gran intensidad de última hora. Esta semana, por ejemplo, radicó un proyecto de ley para revivir el Ministerio de Justicia, otro para reformar el sistema de salud y otro más para cambiar la Constitución con el fin de permitir la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores. Además, el Gobierno pretende adjudicar el tercer canal, vender Isagén y aprobar una serie de compromisos presupuestales, para el metro de Bogotá, para el tren de cercanías, para un aeropuerto internacional en la Costa Caribe, etc.
En medio de toda esta actividad, el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, presentó esta semana un polémico proyecto de ley que busca reglamentar el acto legislativo que, a finales del año pasado, prohibió el consumo de drogas ilícitas. El proyecto de ley está motivado por el mismo paternalismo (mal redactado) de siempre: “La finalidad de la actuación es prevenir que estas personas (los consumidores) afecten sus derechos o los de terceros, debido al estado en que se encuentran”. El proyecto incurre además en un peligroso populismo fiscal: sin presentar ningún cálculo, sin hacer las cuentas necesarias, estipula alegremente que el tratamiento de la drogadicción debe ser incorporado al Plan Obligatorio de Salud (POS).
El proyecto establece finalmente un procedimiento burocrático, casi kafkiano, para lidiar con los consumidores de drogas. Primero un oficial de la Policía debe conducir al consumidor (todavía medio trabado) a los llamados Centros de Orientación, donde lo esperan tres burócratas bien dispuestos, un psicólogo, un juez y un representante de la Procuraduría. “Mediante la observación de la actitud, el afecto, el lenguaje verbal y no verbal”, el psicólogo debe identificar las necesidades de protección del examinado. Posteriormente, con base en el dictamen del psicólogo, el juez debe “proceder a tomar la decisión que corresponda”. Si el examinado resulta ser un jíbaro será enviado a la cárcel por dos o tres años. Si es un adicto a un centro de tratamiento obligatorio. Y si es un consumidor esporádico al Sena a un curso de rehabilitación vocacional o (pobre tipo) a aprender a llenar hojas de vida.
No sé qué pensarán los lectores pero a mí los Centros de Orientación, con sus tres burócratas sentados en sendas sillas plásticas de espaldas al escudo de la Patria, dedicados a imponer el orden y a salvaguardar una visión oficial, aséptica de la libertad, me parecen un adefesio, un cruce peculiar entre el estatismo de otros tiempos y el catolicismo oficial de estos años. Tristemente muchos recursos públicos podrían ser desperdiciados en una burocracia sin sentido. Puestos, en todo caso, va a haber. Y por montones.
Después de leer el proyecto y cavilar sobre el estado mental de quienes proponen la creación de toda esta burocracia, queda uno con la impresión de que quienes necesitan orientación son algunos de los funcionarios públicos involucrados, incluido por supuesto el ministro Valencia Cossio. Afortunadamente sólo faltan cien días. Intensos o lo que sea. Pero cien días nada más.