Los decretos de emergencia social son un fracaso inobjetable para el gobierno del Presidente Uribe. Han sido rechazados por la opinión pública y cuestionados por muchas agremiaciones profesionales y varias comunidades científicas. Posiblemente van a ser declarados inconstitucionales. Y no resolverán los complejos problemas del sistema de salud. El fracaso no es fortuito, no constituye un caso aislado, un error inexplicable; por el contrario, es el resultado previsible de un estilo particular de administración pública. Este fracaso pone de manifiesto, en mi opinión, cuatro problemas serios, cuatro fallas ostensibles del gobierno liderado por el Presidente Álvaro Uribe.La segunda falla es conocida, tiente que ver con el debilitamiento de los equipos técnicos de los ministerios y del gobierno en general. Muchos funcionarios competentes han renunciado a sus cargos. Otros continúan trabajando pero sus opiniones no son tenidas en cuenta. Algunos de los decretos de emergencia parecen redactados por contadores fiscales ignorantes de las complejidades de la política social. Peor aún, nadie en el gobierno tuvo la osadía o la oportunidad de levantar la mano para, al menos, llamar la atención sobre el exabrupto.
El tercer problema es más general, alude al creciente aislamiento del gobierno, a su incapacidad para establecer un diálogo constructivo con muchos sectores de la sociedad. En el caso de la emergencia social, los médicos fueron llamados a opinar cuando los decretos ya habían sido publicados en el Diario Oficial. Los intentos postreros de conversación han sido verticales, “pedagógicos”: el gobierno no dialoga, explica. Nunca, en la parte crucial del proceso, hubo una conversación horizontal, un esfuerzo por incorporar las inquietudes y observaciones de los médicos, los científicos y los investigadores.
El cuarto y último problema está asociado a la preponderancia casi absoluta de lo político. Desde hace varias semanas, con una disciplina envidiable, el Presidente Uribe dedica una hora de cada día a explicar los logros de su gobierno en distintas emisoras regionales. El Presidente parece más interesado en convencer a los radioescuchas que en resolver los problemas. Las inevitables complejidades de la administración pública están subordinadas a las urgencias del Estado de opinión. Lo que importa, aparentemente, no es tanto el fondo de los decretos como la opinión de los electores.
Los decretos de emergencia no revelan, como afirman muchos críticos, la perversidad del gobierno. Muestran un problema distinto, más mundano, más patente, más inmediato: su mediocridad.