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13 octubre, 2007

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El embate reeleccionista

Ahora que el partido de la U ha propuesto un referendo con el fin de permitir un tercer mandato del presidente Uribe y que el Ministro de la política ha calificado la propuesta de “interesante”, urge reiterar algunos hechos probados y reafirmar algunas ideas conocidas. Primero los hechos. Si los segundos mandatos se caracterizan por los escándalos (el lío de la parapolítica, el affaire Lewinsky y el escándalo Irán-Contras, entre otros, ocurrieron durante los segundos períodos de presidentes populares), los terceros mandatos se distinguen por el deterioro institucional y la corrupción generalizada (el caso de Fujimori es paradigmático). El poder prolongado, sin horizonte finito, corrompe las voluntades y las instituciones. Es un hecho probado. Una y otra vez.

De los hechos podemos pasar a las ideas. La democracia no es sólo la materialización de la soberanía popular. La democracia implica también el respeto a las normas establecidas, a unas reglas de juego que no pueden depender “del sentir popular de la gente o de lo que piensan las personas en todas las regiones del país” o de lo que manifiesta el 58% de los empresarios. La democracia necesita de la continuidad institucional, de la protección de la norma de normas frente a las pasiones y las opiniones de la coyuntura. “Las constituciones —escribió John Potter Stockton— son cadenas con las que los hombres se amarran en sus momentos de lucidez para no suicidarse en su días de locura”. Pero si las cadenas no sirven, la democracia se convierte en la tiranía de los caprichos de la mayoría, en la dictadura de los favoritos de la opinión.

Algunos dirán que la propuesta del Partido de la U no tiene importancia, que los argumentos dados por sus directivos son irrelevantes, palabras necias sobre propuestas vacías. Pero éste no es el caso. Así la propuesta en cuestión sea una estratagema electoral o una forma de distracción o una simple idea ociosa, sus consecuencias serán reales. Palpables. La reelección afectó adversamente la calidad de la oposición política. Esta nueva propuesta podría profundizar el problema, degradar aún más el debate ideológico. Si los contradictores del Gobierno perciben que los partidos oficialistas carecen de escrúpulos institucionales y respaldan una prolongación ilegítima del poder presidencial, tendrán más (y mejores) razones para pensar que las armas de la exageración y la difamación son legítimas, que su uso está justificado por el fin último de la preservación de la democracia.

Actualmente el clima de la opinión pública en Colombia favorece las posturas autoritarias, la hegemonía presidencial. Según una encuesta realizada el año pasado por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, 29% de los colombianos reporta que “puede haber razón para que el Presidente cierre la Corte Suprema” y 35% manifiesta lo mismo con respecto al Congreso (sólo Ecuador y Perú registran porcentajes superiores en una muestra de 13 países latinoamericanos). Así mismo, 36% reporta que “para el progreso del país es necesario que los presidentes limiten la oposición” (sólo Haití registra un porcentaje más alto). De manera peligrosa, la propuesta de la U parece hacerle el juego a una opinión pública inflamada. En los términos de la metáfora ya aludida, la propuesta es una invitación al suicidio. Al sacrificio de la democracia.

En suma, el embate reeleccionista de la U debilita las reglas de juego, alienta la oposición irreflexiva y alimenta un clima de opinión proclive al autoritarismo. Lo mismo (casualmente) podría decirse de las imprecaciones públicas y enervadas del presidente Uribe a la Corte Suprema. No está demás, entonces, reiterar la importancia de las instituciones, de las cadenas que protegen la democracia frente a los arrebatos del pueblo y de sus gobernantes.