Hace 120 años, en 1887, el mundo vivía su primera bonanza cocalera. Los efectos estimulantes del alcaloide habían sido descubiertos algunos años atrás en Alemania. Sus propiedades como anestésico local igualmente eran reveladas. Y su utilización en algunas bebidas estimulantes (el Vin Marini y la Coca Cola) había popularizado su consumo: la coca ya no era solamente un producto de interés científico. La bonanza causó una pequeña conmoción entre los importadores. El historiador Paul Gootenberg cuenta que, ante la escasez del producto, los farmaceutas estadounidenses comenzaron a debatir seriamente las posibilidades de cultivarla localmente. Sobra decirlo, otra habría sido la historia de Colombia si esos planes hubiesen prosperado. Con la intención de conjurar la crisis, los farmaceutas pidieron ayuda al gobierno. El mismo Gootenberg relata que los cónsules americanos en Lima y La Paz (acompañados por la Marina de los Estados Unidos) participaron activamente en la identificación de los cultivadores de coca (no precisamente con fines de extradición). Los enviados comerciales de los Estados Unidos les enseñaron a los productores a secar y empacar las hojas. La compañía alemana Merck fue más lejos. Envió algunos agentes a Lima con el fin de adiestrar a los cultivadores peruanos en la transformación de las hojas de coca en una torta de sulfato de cocaína. Esta técnica decimonónica es, en esencia, la misma que usan hoy en día los campesinos colombianos. La química del negocio no ha cambiado en 120 años. Pero la economía se ha modificado cruentamente por cuenta de la prohibición. La producción mundial de coca alcanzó su nivel más alto en la primera década del siglo XX. El declive posterior estuvo asociado al descubrimiento de sustitutos médicos y a las restricciones a las importaciones, motivadas por las primeras medidas antinarcóticos: la coca comenzó a ser percibida no como una hierba mágica sino como un veneno adictivo. El mercado legal desapareció completamente después de la Segunda Guerra Mundial. La Organización de las Naciones Unidas, bajo la influencia de los Estados Unidos, jugó un papel fundamental en la creación de un consenso mundial en favor de la prohibición. Actualmente esta organización sigue desempeñando un papel protagónico (y no siempre productivo) en la lucha mundial contra el tráfico de drogas. El mercado de la cocaína se revitalizaría, ya de manera clandestina, durante los años setenta. La cocaína llenó el nicho de mercado creado por la heroína y otras de las drogas fuertes de los años sesenta. Si durante el siglo XIX los cantantes de ópera habían sido los consumidores más conspicuos del alcaloide, durante los años setenta fueron los cantantes de rock los que marcaron la nota. En 1971, los Rolling Stones vendieron, en escasas dos semanas, medio millón de copias de su álbum Sticky Fingers. Uno de los éxitos del álbum, la canción «Can’t You Hear Me Knocking», contiene una mención explícita (casi apologética) al consumo de cocaína (Yeah, you’ve got plastic boots, Y’all got cocaine eyes). Eran otros tiempos, por supuesto. Kate Moss ni siquiera había nacido. La exportación ilegal de cocaína fue inicialmente dominada por los traficantes chilenos, quienes no sólo tenían conexiones históricas con los cultivadores peruanos y bolivianos, sino que habían aprendido la sapiencia química de los inmigrantes alemanes. Pero la Conexión Chilena no duró mucho. Pocos meses después del golpe de estado en contra del gobierno de Salvador Allende, ocurrido en septiembre de 1973, el nuevo gobierno extraditó a varios de los cabecillas del negocio. Esta medida terminó de manera abrupta y definitiva con la efímera hegemonía chilena. Ya en 1975, la hegemonía colombiana era notoria. En abril de ese año, un oficial de la DEA le dijo a un reportero del diario The New York Times: “Colombia envía más de esa sustancia a los Estados Unidos que ningún otro país”. Lo mismo podría decirse hoy en día: 32 años después. Las causas de la hegemonía colombiana se han debatido ampliamente. Algunos estudiosos mencionan las ventajas geográficas. Otros el pasado violento del país. Otros más el supuesto desprecio por las normas y las leyes. O la misma falta de movilidad social. Pero estas especulaciones sociológicas son sólo eso: hipótesis sin confirmar. Determinismos sociológicos sin pruebas. Simples conjeturas que sobresalen más por sus insinuaciones culposas que por su sustento empírico. Las causas de la hegemonía colombiana pueden haber sido fortuitas: producto de unas circunstancias históricas irrepetibles. A mediados de los años setenta, una crisis en la industria antioqueña ocasionó el despido de miles de trabajadores, muchos de los cuales emigraron hacia los Estados Unidos: la mayoría se radicó en el sur de la Florida y en la ciudad de Nueva York. Un número significativo de los nuevos emigrantes encontró una ocupación lucrativa en la distribución de cocaína. Con su ayuda, los traficantes colombianos pudieron integrar verticalmente el negocio y adueñarse del mercado. Sin su aporte, probablemente, los cubanos residentes en la Florida o hasta los mismos argentinos se habrían quedado con el grueso del negocio. Sean cuales fueren las causas, las consecuencias de la consolidación de Colombia como el primer exportador mundial de cocaína son indiscutibles. En palabras de la historiadora Mary Roldán, el tráfico de cocaína “rompió la tradición, transformó las costumbres sociales, reestructuró la moral, el pensamiento y las expectativas”. Pero no sólo eso. También corrompió la justicia y la política. Debilitó las instituciones y disparó la violencia. Incluso permitió el desarrollo de otros negocios. La falsificación de moneda extranjera y el tráfico de armas o de personas crecieron al amparo del narcotráfico: de sus externalidades y de su capacidad transformadora. En últimas, el negocio de la cocaína creó las condiciones para su propia perpetuación. La debilidad institucional pudo haber ayudado al desarrollo inicial. Pero fue el propio negocio el que contribuyó decididamente a debilitar las instituciones. En el corto plazo, los países exportan lo que son. Pero, con el paso del tiempo, los países se convierten en lo que exportan. La cocaína, en particular, transformó radicalmente muchos aspectos de la realidad colombiana. La política se convirtió en narcopolítica, la justicia en narcojusticia, la guerrilla en narcoguerrilla y así sucesivamente. En abril de 1973, la revista Time publicó un artículo sobre la creciente popularidad de la cocaína en los Estados Unidos. Las fiestas en Manhattan comenzaban con martinis y terminaban con “a hit of coke”. Los financistas la llevaban en la billetera. Los estudios de Hollywood la incluían en sus presupuestos. “La gente no trabaja sin su despertador” decían los magnates del cine. El artículo de marras termina con la descripción de unas cucharitas para aspirar cocaína que estaban causando furor en los Estados Unidos. La más vendida tenía la forma extraña de un crucifijo. Casi 35 años más tarde, el capricho estilístico parece premonitorio. O, al menos, puede interpretarse como una alegoría involuntaria al largo, sangriento y todavía inconcluso vía crucis de Colombia como el mayor exportador mundial de cocaína.
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17 marzo, 2007
Vuelve y juega. El presidente Uribe anunció esta semana que su gobierno insistirá en la penalización de la dosis personal. “Vamos a presentar el 16 de marzo ante el Congreso el proyecto de reforma constitucional, para penalizar, no con pena privativa de la libertad, pero sí para sancionar la dosis personal”, dijo en una rueda de prensa ofrecida con motivo de la visita de su homólogo alemán, Horst Kölher. Las razones del Presidente, no sólo con respecto a la dosis personal, sino también con referencia a la legalización de la droga, son una combinación de paternalismo, sinrazón y demagogia. Paso a explicar por qué.
“Yo veo con mucho pesimismo el tema de la legalización. Por supuesto lo miro más como padre de familia, que como Presidente. Tengo alguna inclinación más de sentimiento de padre de familia, que de raciocinio frío”, dijo el Presidente el año pasado en una de sus muchas declaraciones públicas sobre el tema. Nada de raro tiene que un padre de familia se muestre preocupado por el tema de las drogas. Lo extraño del asunto es que las preocupaciones paternales se conviertan en iniciativas gubernamentales. O que se confunda la esfera privada con la pública. O que se pretenda cambiar la Constitución con razones de padre. O que se le quieran dar atribuciones al Estado para esculcarle los bolsillos a todo el mundo. O que el legislador se ocupe de los vicios privados. O que el Presidente diga qué gusticos valen y qué gusticos, no.
Cuando el presidente Uribe deja de lado el paternalismo y hace uso del “raciocinio frío”, la cosa tampoco mejora. Sus argumentos son casi un insulto a la razón: a la suya y a la nuestra. “La droga en Colombia ha destruido un millón 700 mil hectáreas de selva tropical de la inserción amazónica. Con la droga, aún legalizada, esa diáspora no se frena. Creo que a cualquier precio que se pusiera la droga, podemos correr el riesgo de la destrucción de la selva si no la enfrentamos”, ha dicho el Presidente de manera reiterada. “Cuando entro en discusiones para proponer mis tesis contra la legalización, en frente de los muchachos de las universidades, de muchos profesores, el gran argumento para poderlos situar en una reflexión contra la legalización, es el ecológico”, ha repetido en varios escenarios académicos.
Pero los argumentos del Presidente son erróneos. Arrevesados. El “gran argumento ecológico” es uno de los principales motivos para oponerse a la prohibición. Seguramente la legalización retornaría la coca a las laderas de los Andes, de donde es endémica y de donde salió hacia la selva amazónica por cuenta de la prohibición. La tragedia ambiental no es causada por la coca: es causada por las políticas prohibicionistas. Esto es, por la tentación de los precios altos y la obligación de la clandestinidad. A ningún agricultor se le ocurriría sembrar un producto legal en la mitad de la selva. Pero el presidente Uribe supone erróneamente que la legalización aumentaría la dimensión del negocio —las hectáreas sembradas—, sin cambiar la geografía del mismo.
Muchas veces las razones paternalistas persuaden. Y los raciocinios equivocados convencen. La propuesta de penalizar la dosis personal es ante todo una forma de demagogia. Un intento por convencer con temores: ambientales o paternales en este caso. En últimas, la adicción a los votos puede ser peor que la adicción a las drogas. La búsqueda obsesiva —casi maniática— del favor popular puede llevar a “la coerción moral de la opinión pública”. A la imposición del moralismo barato de las mayorías. En eso estamos.