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febrero 2007

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La semiótica ministerial

Esta semana el Presidente Uribe asumió de nuevo el papel de vocero de su gobierno y defendió —en vivo y en directo— el nombramiento de Fernando Araújo como nuevo Ministro de Relaciones Exteriores. El nuevo Canciller “es un símbolo de la tragedia nacional… Es un símbolo de que Colombia necesita superar esta tragedia”, dijo el Presidente con la vehemencia acostumbrada. “Por eso esta mañana me gustó mucho la BBC. Si no hubiéramos nombrado al doctor Fernando Araújo, simplemente muestran ahí escenas de la parapolítica. Tuvieron que mostrar esa escena macabra de las Farc, con el doctor Fernando Araújo en cautiverio, cuando lo rescatan y lo entregan en semejantes condiciones físicas”, añadió seguidamente. En suma, el Presidente eligió un símbolo encubridor de un problema y revelador de otro. No escogió un ministro: compuso una imagen fructífera. Las declaraciones del Presidente sorprenden más por su candidez que por su novedad: reconoció sin aspavientos que algunas decisiones públicas significativas persiguen no tanto consecuencias reales, como efectos simbólicos. Los aspectos sustantivos de las políticas parecen secundarios. O, al menos, subordinados a las apariencias. Así, los actos de gobierno son juzgados más por su impacto mediático de corto plazo (¿qué dijo la BBC?) que por su efecto real de largo plazo (¿qué va a pasar con la política exterior?). La forma prima sobre el fondo. Los gestos sobre los actos. La retórica sobre la realidad. Los sofismas sobre la evidencia.No debería sorprender, entonces, que algunos integrantes del alto gobierno sean hombres y mujeres sin atributos. O con otro tipo de tipo de atributos. La competencia, el conocimiento o la experiencia son menos importantes que la lealtad, la sensibilidad o la serenidad. Al fin y al cabo, los ministros son llamados a actuar más en el campo de lo simbólico que en el área de la administración pública. Los ministros, en particular, deben ayudar a mantener la bonanza de confianza. A blindar la burbuja. A infundir optimismo. A recuperar la legitimidad. A administrar la compleja y voluble psicología de las masas. Su presencia —si ocurre una tragedia, por ejemplo— tiene más valor simbólico que real. En estas épocas de la semiótica ministerial, gobernar es posar.Por tal razón, los estrategas políticos —los maquiavelos modernos— se han convertido en los verdaderos tomadores de decisiones. Podríamos incluso hablar de la institucionalización de la demagogia: un fenómeno que ocurre, cabe reconocerlo, en todas las democracias, pero que ha asumido una dimensión preocupante en la administración Uribe: el Presidente en persona se autoendilgó el cargo de semiólogo mayor. Se puso al frente de la batalla retórica. De la disputa, palmo a palmo, del aplauso de la gente y la adhesión de los medios.En últimas, el nombramiento de Araújo podría señalar una tendencia preocupante. Aparentemente los escándalos de la parapolítica han exacerbado la obsesión mediática del Gobierno, su fijación con el qué dirán. Los actos de gobierno —los nombramientos, las políticas, los discursos— son con frecuencia intentos deliberados para desviar la atención. Cada revelación es seguida de un contragolpe de opinión presidencial, lo que, tarde o temprano, terminará afectando la calidad de las decisiones públicas. Sobra decirlo, manejar mirándose al espejo, de manera permanente y obsesiva, puede resultar peligroso. Ojalá no nos estrellemos.
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La historia de Juan

(un aporte a la discución sobre salud y dineros públicos)
Juan es un ingeniero de 64 años de vida y 37 de matrimonio. Ha vivido la mayor parte de sus ya muchos años en la ciudad de Cali, donde reside actualmente en compañía de su esposa y donde también viven sus dos hijos, ya casados e independientes. Juan se ha convertido, en los albores de la vejez, en ayudante de su esposa en un pequeño negocio familiar de asesorías financieras. Su vida, mirada desde lejos, tiene el encanto (y el terror) de la monotonía. Incluso sus tragedias tienen cierto aire previsible. Hace dos años Juan fue diagnosticado con un cáncer de postrata y fue luego operado con prontitud y destreza. Después de la operación, Juan se recuperó plenamente pero no así su órgano masculino que yace postrado y reacio a los remedios de estos tiempos extraños de erecciones encapsuladas.

La disfunción aludida le produjo a Juan una desazón comprensible. Perdió la confianza, se volvió irritable y comenzó a albergar ideas de minusvalía y vergüenza. Los médicos de su empresa promotora de salud (EPS) le recomendaron, como solución definitiva, la implantación de una prótesis peneana inflable. Pero la empresa se negó a cubrir un procedimiento valorado en varios millones y no incluido en el plan obligatorio de salud (POS). Desesperado y sin medios económicos para pagar por un implante que le restauraría el cuerpo y le aliviaría el alma, Juan interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos fundamentales. Pero dos jueces de circuito de la ciudad de Cali negaron el amparo aduciendo que el asunto no era cuestión de vida o muerte.

Pero Juan iba a encontrar en algunos justicieros encumbrados la solución a su parálisis. En febrero de los corrientes, la Corte Constitucional decidió revocar las dos sentencias anteriores, ordenar la iniciación del mencionado procedimiento y prescribir que el mismo debería ser pagado con dineros públicos. Para justificar su decisión, la Corte argumentó, en primer término, que el principio constitucional de eficiencia en la prestación de los servicios implica necesariamente que los tratamientos médicos deben agotar todas las opciones posibles. “Si… se da inicio a una de varias posibles opciones tendientes a solucionar el problema, el paciente podrá reclamar el acceso a todas las demás opciones que médicamente le permitan recuperar su actividad sexual”. Llevado a un extremo, este argumento implica que si la prótesis inflable no funciona, el Estado deberá, entonces, cubrir la implantación de un miembro biónico o de grafito o quien sabe que otra maravilla de la urología moderna.

En segundo término, la Corte justificó su decisión argumentando la vulneración de los derechos a la vida digna, a la integridad personal y al libre desarrollo de la personalidad (uno esperaría que a los 64 años de edad la personalidad ya estuviese desarrollada pero casos se han visto). Más allá de los argumentos jurídicos lo que uno percibe leyendo la sentencia es la intención de los magistrados de convertiste en justicieros cósmicos: en reparadores de las tragedias privadas que llegan a sus escritorios.

No sé que pasará por la mente de los justicieros cósmicos pero creo, honestamente, que incumbe a todos preguntarnos si los más de cien mil millones de pesos pagados en tratamientos y medicamentos por fuera del POS no tendrían un uso más productivo socialmente: la afiliación de medio millón de personas al régimen subsidiado de salud, por ejemplo. En últimas, la tragicomedia de Juan contiene una enseñanza fundamental. A saber: una sociedad debe reclamar de sus jueces no tanto corazón para hacer caridad con dineros ajenos, como inteligencia para entender las implicaciones de sus fallos y actuar en consecuencia.

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Y más amargo el recuerdo

Hace ya cuatro años murió Juan Luis Londoño. Las circunstancias de su muerte son conocidas. Pero existe un episodio desconocido que quisiera compartir con los lectores de esta columna. Por mandato constitucional, el 6 de febrero del año siguiente al año electoral, cada nuevo gobierno debe llevar al Congreso el proyecto de ley del plan de desarrollo. Para los tecnócratas del llamado equipo económico (la analogía deportiva sugiere un exceso de dinamismo) es un día de alivio. Un punto de llegada. El final de muchas noches de desvelo. De muchas jornadas de caos y confusión.
En la tarde del 6 de febrero del año 2003, recorrí, con un pequeño grupo de funcionarios pertenecientes al primer equipo económico de la primera administración Uribe, las dos cuadras que separan el edificio del Ministerio de Hacienda del edificio del Congreso, con el propósito de cumplir el ritual que manda la ley y dicta la costumbre: radicar el proyecto, estrechar las manos de los secretarios de las comisiones parlamentarias y responder las preguntas de los reporteros económicos. Gajes del oficio.Esa tarde, caminé el trayecto señalado en compañía del entonces Ministro de Hacienda, Roberto Junguito, quien lucía distraído, ausente: como desentendido del asunto. En la mitad del camino, el Ministro sacó una hoja de papel del bolsillo de su camisa, y me la entregó con una expresión de malicia. Era una carta de una línea, dirigida al Presidente Uribe, que anunciaba su renuncia irrevocable. “Ya le conté al Presidente —me dijo— y ya tengo reemplazo: Juan Luis Londoño”. Yo me quedé pasmado. Entre incrédulo y sorprendido. Pero las palabras de Junguito no dejaban lugar a dudas. Juan Luis iba a ser el nuevo Ministro de Hacienda.Después de la intempestiva confesión, seguimos caminando hasta el edificio del Congreso, radicamos el proyecto: un anticlímax que implicó varias firmas y varios sellos. Contestamos las preguntas de siempre con una diligencia aprendida. Y cuando nos disponíamos a abandonar el edificio, uno de los reporteros nos sorprendió con el anuncio de la tragedia en ciernes: “Está perdida la avioneta en la que viajaba el ministro Londoño”, dijo. El resto de la historia ya es historia: la búsqueda infructuosa de varios días, el aleve atentado contra el club El Nogal un día más tarde, y el hallazgo de los restos mortales una semana después.Por razones obvias, Roberto Junguito tuvo que aplazar su renuncia varias semanas: dimitiría cuatro meses más tarde para darle pasó a Alberto Carrasquilla, entonces viceministro de Hacienda. Las circunstancias económicas de entonces eran distintas a las actuales: “Podemos soñar con un crecimiento de 2%”, era la frase recurrente del agobiado equipo económico. Al interior del Ejecutivo, Juan Luis era visto como el reemplazo obvio para Roberto Junguito: como el insustituible sustituto de un ministro que había lidiado hábilmente con unas circunstancias externas desfavorables y unas condiciones internas lamentables. Siempre he creído que esta coincidencia hizo más triste la tragedia. Y ha hecho más amargo el recuerdo. Y más difícil el olvido.Con Juan Luis tuve algunas diferencias de fondo, pero siempre admiré su ímpetu intelectual, su voluntarismo a toda prueba, su falta de cinismo. Juan Luis era un contrapeso necesario a las profecías tristes de una disciplina de agoreros. Al exceso de realismo de muchos economistas. La muerte lo sorprendió en el mejor momento de su carrera. Quizá sea inútil especular sobre qué habría sido de este país si Juan Luis hubiera ocupado el cargo que merecía. Pero me atrevo a decir que su presencia nos habría dado, al menos, un poco de solaz y algo de esperanza en estos tiempos de odio y desigualdad.
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Las nuevas repúblicas bananeras

Esta columna trata sobre la división internacional del trabajo en el mundo globalizado. O sobre los efectos de la confluencia de dos tendencias irreversibles: el envejecimiento del primer mundo y la globalización del mercado de los servicios. Estas tendencias ya están incidiendo sobre las posibilidades y los patrones de desarrollo de muchos países. Y sus efectos serán cada vez más notorios. Esta semana, por ejemplo, The New York Times reportó que el afamado economista Dani Rodrik, afiliado a la escuela de gobierno de la Universidad de Harvard, ha estado ayudando a un grupo de ciudadanos portugueses a escoger entre dos tipos de inversiones estratégicas: las ciudadelas para retirados extranjeros o los sectores de alta tecnología.Aparentemente Rodrik no recomendó ni lo uno ni lo otro, sino ambas cosas a la vez. Es decir, un patrón de desarrollo que le dé cabida tanto a los hospicios de lujo como a las tecnologías de punta. Algo así como una versión renovada del modelo costarricense que mezcla el futuro industrial con el pasado generacional. Muchos países, sin embargo, por razones diversas, incluida la falta de educación de sus ciudadanos, no pueden darse el lujo de apostarles simultáneamente a los servicios y a la tecnología. Y deben resignarse, entonces, a convertirse en refugios de ocasión para los jubilados dispuestos a abandonar su país en busca de precios módicos para sus caprichos otoñales. Este es el modelo que se ha implantado con éxito en Panamá. O el que se pretende implantar en Nicaragua y en algunas regiones de Colombia.La lógica económica es implacable: las ventajas comparativas determinan los patrones de especialización. Si un país es más competitivo en tender camas que en componer algoritmos, habida cuenta de su abundancia de mano de obra no calificada, pues terminará por especializarse en los servicios domésticos. Hay excepciones. Muchos economistas hablan de ventajas dinámicas. Pero el futuro previsible de muchas economías tercermundistas parece ser la provisión de servicios para retirados sin ataduras. Con el tiempo, probablemente, la representación pintoresca del Tercer Mundo no será la plantación, sino el edificio de jubilados. O, en otras palabras, la globalización de los servicios podría convertir las otrora repúblicas bananeras en repúblicas de camareras. O de enfermeras. Parecemos avanzar, en últimas, hacia la filipinización del Tercer Mundo.Pero los flujos del mundo globalizado son de doble vía. Mientras algunos retirados inmigran en busca de servicios baratos, muchos trabajadores pobres emigran en procura de trabajos domésticos pagados en dólares. 35% de las mujeres que emigraron ilegalmente a los Estados Unidos reportan que su primer trabajo fue como empleadas domésticas: niñeras, cocineras o aseadoras o todas las anteriores. El susodicho porcentaje seguramente seguirá creciendo. Así, muchos latinoamericanos podrían terminar dedicados a cuidar a los padres y los hijos de los yuppies. Los hijos reciben el cuidado en su propio país, los padres van a buscarlo a tierras extrañas. Pero los encargados son siempre del mismo lado del mundo.Uno podría componer una diatriba contra la globalización o intentar una pataleta de nuevo rico –al estilo Chávez–, pero la lógica económica usualmente contradice los discursos indignados. Si América Latina no quiere convertirse en la sirvienta de los Estados Unidos, debe sumarle muchos años de educación a su fuerza de trabajo. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero no hacerlo implica aceptar un destino alienante. Al menos, creo yo, deberíamos aspirar a un puesto de auxiliar contable o de programador en la división internacional del trabajo. Todavía es posible. Pero no queda mucho tiempo.